La investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos y que incluye el día de hoy un allanamiento a la sede de ese organismo, es denominada por el Ministerio publico como “Operación Caracol”.
En la Operación Caracol, “puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
El operativo del Ministerio Público se encamina dentro de las acciones que desarrolla la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito en la lucha contra la corrupción administrativa.
La Operación Caracol llevó a que un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, tomaran el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes. En el allanamiento también participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Además de su presidente Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.
El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.
