José Alejandro Vargas Guerrero, el destacado juez de las medidas de coerción, será ahora parte del pleno del Tribunal Constitucional, al ser elegido este viernes para ocupar una de las cuatro vacantes de la Alta Corte.
Su nombre es notable por haber conocido es su estrado decenas de resonantes casos que van desde asesinados, narcotráfico, corrupción, delitos sexuales, entre otros.
Vargas Guerrero, oriundo de La Vega, se graduó de derecho en 1993 en la Universidad Eugenio María de Hostos. Tiene posgrados en Derecho Penal, Derechos Fundamentales y Derecho Constitucional.
Además, posee maestrías en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y una en Derecho de la Administración del Estado.
Para él, un juez que se considere poderoso es un peligro para la sociedad: “Lo único que tiene el juez es el privilegio que le otorga la sociedad. Jamás debe pensar que tiene poder o que es poderoso. Yo no quisiera pasar por un juez que se sienta que tiene poder”.
No es la primera vez que el juez aspira a formar parte de una de las altas cortes de la República Dominicana. En 2017 lo intentó para la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero declinó por considerar que los miembros del CNM no le tenían confianza.
En 2018 lo intentó para TC, pero no fue seleccionado; lo mismo ocurrió en 2019 para cuando lo hizo para la SCJ.
En diciembre pasado, dictó las medidas de coerción contra los implicados en el caso de la Operación Antipulpo, en el cual figuran dos hermanos del expresidente de la República Danilo Medina, así como exfuncionarios y suplidores del Estado.
También impuso medidas a partes de los acusados de formar parte de la red narcotráfico y lavado de activos que lidera César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador.
Siendo juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva contra Pascual Cabrera Ruiz y otros ocho miembros de la supuesta red de narcotráfico y sicariato que se le atribuye dirigir.
Vargas rechazó validar el acuerdo entre el Estado dominicano y la constructora brasileña Odebrecht sometido por el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, en 2017. Fue él mismo quien hace poco determinó que no existió el archivo definitivo de los expedientes de ocho implicados en el caso de corrupción.
