Ante estas conclusiones, el Ministerio de Economía indica que “es necesario generar prácticas públicas que devuelvan la confianza de la ciudadanía al sector público rompiendo así el círculo vicioso”.

Los niveles de percepción entre los ciudadanos que consideran que la corrupción aumentó, presentaron un incremento de 19 puntos porcentuales de abril de 2022 a abril de 2023, disminuyendo la capacidad de las autoridades para controlar esta creencia.

Esto de acuerdo a la encuesta Cultura Democrática, realizada por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, donde el 51.4% considera que la corrupción en las instituciones públicas es mayor que el año anterior.

Los resultados de la encuesta arrojan que la clase política y los empleados públicos son señalados como los más inclinados a la corrupción, con un 44.4% y 30.9%, respectivamente, con un alto porcentaje de personas creyendo que se involucran frecuentemente en prácticas corruptas.

Estos datos, según el informe, generan un dilema de acción colectiva, que generan la continuidad de comportamientos corruptos en las instituciones del estado, así como limitan la capacidad de respuesta que esos puedan tener frente a problemas sociales.

“La permisividad ante la corrupción y su justificación moral afectan de forma negativa la gobernanza democrática y el desarrollo, creando en el largo plazo un círculo vicioso donde la normalización del incumplimiento de las leyes que malogra las medidas anticorrupción y exacerba la desconfianza en las autoridades e instituciones políticas, limitando la capacidad de respuesta del sector público frente a problemas sociales clave que perpetúan las desigualdades sociales adulterando los mecanismos de rendición de cuentas que mantienen responsables a los políticos de su actuación”, indica.

Asimismo, la tolerancia que presentan algunos frente a la corrupción como una vía de movilidad social ante la falta de confianza en un gobierno que pueda garantizar derechos de forma universal se presenta como un problema para garantizar el sistema democrático.

Ante estas conclusiones, el Ministerio de Economía indica que “es necesario generar prácticas públicas que devuelvan la confianza de la ciudadanía al sector público rompiendo así el círculo vicioso”.

Confianza

Menos del 50% de la población confía en las instituciones públicas, con una tendencia de que la confianza este inclinada hacia las instituciones sociales y la iglesia católica.

Y siete de cada 10 dominicanos declaró confiar poco o nada en la mayoría de las personas, estos indicadores podrían incidir en la gobernanza, ya que para la existencia de un gobierno democrático se necesita de la presencia de confianza de la población en que las instituciones funcionan y cumplen con lo que les corresponden.

La confianza posibilita que los gobiernos apliquen políticas sociales universales que reportan bienestar al conjunto de la población, propiciando así una percepción de eficacia e imparcialidad hacia las instituciones democráticas y aumento en los niveles de igualdad social.

Ante los bajos niveles en las relaciones interpersonales y en las instituciones de gobierno, la encuesta señala que se hace necesario impulsar políticas decididas para generar su fortalecimiento ya que sin ellas es difícil generar procesos de acción colectiva.