La audiencia de medidas de coerción por el robo de municiones y armas de la PN fue aplazada para el lunes
Según el expediente del Ministerio Público, parte de los proyectiles eran vendidos en Haití
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, expresó su indignación ante el caso de sustracción de al menos 900 mil proyectiles de la Policía Nacional, acción que calificó como «alta traición a la patria«. Las declaraciones del legislador se dieron tras su reunión con la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, con quien trató temas relacionados con el proyecto del Centro Nacional de Criminología, iniciativa que Fernández continúa impulsando.
«Este tipo de actos, como la sustracción de municiones, son graves y deben ser enfrentados con firmeza», sostuvo.
El fuerzapueblista hizo un llamado a que los responsables sean juzgados con todo el peso de la ley por las autoridades competentes.
Vendidas en Haití
La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público establece que las municiones robadas a la Policía también fueron vendidas en Haití a personas que se dedican a actividades delictivas.
Según el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Feliz Romero, habría recibido dinero en efectivo de un cabo de la institución que «vendía municiones» a Haití a través de un contacto.
Además, señala a la única civil imputada hasta el momento, Miguelina Bello Segura, de vender «clandestinamente a haitianos» municiones de diversos calibres.
Hurtos organizados
De acuerdo con el Ministerio Público, las sustracciones se realizaban de manera «masiva, organizada y sistemática» en el Departamento II de la Intendencia de Armas.
La investigación establece que entre los 908,001 proyectiles robados, hay 230,340 cápsulas calibre 5.56 milímetros utilizados para fusiles, 82,949 cartuchos calibre 12 milímetros para escopetas y 489,907 cápsulas, calibre 9 milímetros.
Las municiones eran sacadas en mochilas para evadir las cámaras de seguridad, en su lugar eran colocadas cajas para no levantar sospechas.
Sobre las cápsulas 5.56 milímetros para fusiles, el órgano persecutor señala que la sustracción y venta por parte de los policías es un «hecho de extrema gravedad» porque ese arsenal «son armas de guerra y no están permitidas a los civiles».
Las municiones de distintos calibres eran revendidas «a precios más altos a policías, militares y armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios».
La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados fue aplazada para el próximo lunes 25 de noviembre.
Los imputados
Además del coronel Feliz Romero, también se vincula en Operación Pandora, el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones. Asimismo, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura.
