La polémica en la política española ha salpicado a la República Dominicana tras la difusión de un video del Partido Popular (PP) que presenta al país como «La isla de las corrupciones».
Lo que pretendió ser un material satírico creado con inteligencia artificial contra el Gobierno español que dirige Pedro Sánchez se convirtió en un ataque vilipendiado contra la República Dominicana. El gobierno dominicano rechazó la manipulación de su imagen y negó cualquier vínculo con la trama de corrupción
Estas son las razones del ataque del PP contra políticos del PSOE:
Sánchez (Pedro Sánchez)
Estado actual: Presidente del Gobierno de España, citado como testigo en la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se acogió a su derecho de no declarar contra su cónyuge.
Aldama (Víctor de Aldama)
Naturaleza de la presunta corrupción: Empresario identificado como «comisionista» o facilitador de una trama corrupta vinculada a contratos públicos. Aldama habría actuado de intermediario para obtener adjudicaciones (por ejemplo, en la compra de mascarillas durante la pandemia) a cambio de sobornos o comisiones ilegales.
En su declaración judicial, Aldama confesó pagos en efectivo a altos cargos: por ejemplo, dijo haber entregado 400,000 euros al exministro José Luis Ábalos, 200,000 euros a su asesor Koldo García, 25,000 euros al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, y 15,000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También sostuvo que facilitó contratos de obra pública para empresas españolas en el extranjero, lo cual le granjeó el favor de miembros del Gobierno.
- Estado actual: Víctor de Aldama se encuentra investigado judicialmente. Tras declarar voluntariamente ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2024 aportando un dossier de 37 páginas con supuestas pruebas, el juez central elevó la causa al Tribunal Supremo para los aforados implicados. Aldama obtuvo la libertad provisional gracias a su colaboración, por orden del juez Santiago Pedraz y con aval de la Fiscalía Anticorrupción. Permanece como pieza clave de la investigación («caso Koldo«) en curso. Sus afirmaciones están siendo contrastadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juzgado, y podrían servir para sustentar
